La Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) se ha plantado ante la DGT tras las últimas normas de circulación puestas en vigor el pasado 10 de mayo. De hecho, la organización de motoristas ha convocado una manifestación en defensa de sus derechos para el 13 de junio en 26 ciudades españolas, incluyendo las tres capitales de provincia de la Comunitat.
La IMU considera una «traición» por parte de dichas administraciones, ya que se sienten discriminados respecto a los otros conductores. Dicen estar «cansados de sufrir el atropello» de dichas administraciones a las que critican por ser «incapaces de reducir la siniestralidad». Con esta protesta exigen cambios rápidamente amparándose en el punto 29 de la Constitución, que asegura la igualdad colectiva e individual a la hora de pedir cambios legislativos.
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| Cartel de la manifestación del 13-J. Fuente: IMU |
Dentro de estos cambios pedidos por los motoristas inciden en los relacionados con las protecciones de las carreteras: «Pedimos que se protejan todos los guardarraíles con sistemas de protección para motociclistas siguiendo el dictado del artículo 14 de la Constitución sobre la no discriminación». En este sentido, Juan Carlos Díaz, motorista desde los 17 años, crítica el estado de estos «protectores»: «Debería tener un sistema de seguridad. He conocido casos de motoristas que tras una caída se han chocado contra los guardarraíles y han sufrido heridas muy graves».
Por otro lado, la IMU exige cambios en temas candentes en la actualidad, como son los peajes en las autopistas: «Pedimos que se reduzca el pago de uso de autopistas de peaje para motocicletas, no equiparándolas a los vehículos turismo y estableciéndolas en una escala inferior y proporcional al desgaste derivado de sus instalaciones», explican en su página web. También destacan otras peticiones referentes con la velocidad en las autopistas, la cual desean equiparar a otros países europeos, pero, sobre todo, piden «igualdad» de la moto, ya que, algunos, como Juan Carlos Díaz, la consideran «la solución y no el problema». Por su parte, las administraciones públicas no se han pronunciado respecto a este tema.
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