La COVID-19 desvela el desnivel educativo en la clase obrera
El parón motivado por la crisis sanitaria compromete el aprendizaje de muchos estudiantes, especialmente de aquellos que no tienen acceso a las tecnologías de la información (TIC). La voz de alarma la han dado los expertos que se han remitido a la Ministra de Educación Isabel Celaá, advirtiendo de la «catástrofe» que supone a nivel de desigualdad educativa para los jóvenes españoles. En una situación que obliga a los alumnos a realizar las actividades lectivas a través de medios digitales, la falta de herramientas o conocimientos de los mismos se convierte en un problema común. Un 10 % de los hogares se calcula que carece de acceso a internet, a esto es necesario sumar la vulnerabilidad económica en la que se encuentran muchas familias.
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Unos hermanos en casa estudiando a distancia. Fuente: EFE |
Desde hace un mes y medio, adolescentes y niños se han adaptado ya al nuevo sistema de docencia a distancia. El anhelo de proporcionar esa capa de normalidad a lo atípico ha pasado por alto que la educación es el elemento que más iguala a los estudiantes. La actual crisis, ha acentuado las carencias en el ámbito educativo, agudizando las desigualdades a nivel lectivo. En consecuencia, las familias más humildes se han visto obligadas a realizar un «pausa educativa», al no contar con los medios necesarios para proseguir el curso académico. Según los últimos datos ofrecidos por Instituto Nacional de Estadística, el 66% de los hogares españoles que no alcanzan los 900 euros en su renta, no cuentan con internet en casa y el 42% no tienen ordenador.
Padres preocupados como María José temen que sus hijos puedan «descolgarse» del resto de alumnos debido a «no poder seguir el ritmo». Ella tiene cuatro hijos, de los cuales tres se encuentran estudiando la etapa de primaria, y asegura que la docencia virtual «está siendo todo un reto». En su caso solo cuentan con «un ordenador y una tablet», aunque asegura que «no es suficiente debido al teletrabajo» y a que se trata de «la única herramienta que dispone». María José, es una más de las familias afectadas por esta situación, que ha traído consigo un numeroso suplemento de trabajo.
Padres como ella han tenido que «reinventarse» para poder ayudar a sus hijos a emplear estas herramientas a nivel educativo. La preocupación por que sus hijos «no finalicen el curso con los conocimientos aprendidos» se suma a la negativa de muchas familias de invertir en «clases de refuerzo».
Otra de las cuestiones que aborda la actual crisis de desigualdad educativa es el impacto económico. Como consecuencia, se calcula que, mitigar el impacto educativo del confinamiento en la enseñanza no universitaria pública y concertada, tendrá un coste de 5.000 millones de euros. En dicho importe: escuelas de verano (250 millones), programas de refuerzo (3.000 millones), ampliación de horas lectivas el próximo curso (1.675 millones), así como préstamos de dispositivos tecnológicos para aquellos que no disponen de ellos (entre 125 y 250 millones).
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Fuente: INE |
No solo para los estudiantes. La educación digital también está siendo un reto para los profesores, quienes aseguran que un alto porcentaje de estudiantes no cuenta con la tecnología para acceder a clases online. Existe otra parte de estudiantes que cuentan con los medios, pero no tienen conexión a internet. Ana Aliaga, profesora del CEIP El Pouet (Burjassot, Valencia), explica que se ha tenido que «adaptar a las circunstancias a medida que iba estudiando todos los casos». Sin embargo, aclara que «es imposible atender a cada una de las situaciones».
También asegura que los profesores necesitan más medios digitales para facilitar las labores, «muchas más en este escenario», remarca. El método de enseñanza en esta institución ha optado por «fraccionar grupos», califica este método como «una mejora, ya que no todo el alumnado dispone siempre de conexión». Por otra parte, pone en relieve que «no todo el alumnado tiene el mismo nivel de rendimiento» y que esta situación supone «un grave comparativo de unos alumnos con otros».
A día de hoy, existen asociaciones que se han puesto en marcha para tratar de paliar esta negativa situación, aunque Aliaga aclara que, «la única ayuda recibida ha sido el sistema Mulán», un modelo unificado lectivo de actividades no presenciales. Este modelo, normalmente de pago, lo ha proporcionado la Conselleria de Educación de manera gratuita para todos los alumnos. «Una plataforma poco efectiva», reprocha la profesora, puesto que está condicionada por el uso de medios tecnológicos.
En la actualidad, aquel que en el ámbito universitario no cuente con acceso a internet o tenga dificultad para el acceso, complica más el estudio. «La educación obligatoria, está dirigida a todas las personas y la formación es más genérica mientras que yo, como estudiante de derecho, me veo obligada a recurrir a diferentes medios para acceder a información específica», explica Julia Martínez, estudiante de derecho de la Universidad de Valencia.
Esta diferencia a la hora de estudiar, ha acaecido en la compra de material «suplementario» para poder «realizar las actividades obligatorias» y tal gasto «corre a cuenta de cada alumno», remarca Martínez. El acceso a la conexión no es el único problema, sino también los parámetros para realizar las clases, cómo programarlas o cómo evaluar. La estudiante asegura que las clases «no están adaptadas para todos». En segundo grado de derecho, ya han realizado el primer examen y explica que «hay compañeros no han podido completarlo por problemas con la conexión». También asegura que los profesores «no han tomado medidas al respecto».
La educación ofrece un servicio de equidad a la sociedad, en el contexto de estado de alarma, que mantiene colegios cerrados, pone en peligro su función. En situaciones como la actual es difícil paliar este conflicto a favor de los que menos tienen. Estos medios se han convertido en un aliado del que depender para sobrevivir a nivel cultural en medio de esta crisis sanitaria. Como consecuencia, la distancia social aumenta, destapando el contraste económico entre clases sociales. Mientras, profesores, padres y estudiantes siguen luchando porque se contemple el acceso a la tecnología como un derecho y no un privilegio. En esta realidad digital, la exclusión social constituye un gran componente.
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