España tiene una deuda emocional y legal con el pueblo saharaui, a quien entregó en el 1975 el territorio a Marruecos y Mauritania a cambio de poder explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental, hecho que desde 2016 está sentenciado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto implica que desde entonces y hasta hoy en día se expolian recursos del Sáhara ilegalmente sin penalización ninguna.
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| Mujeres saharauis en los campamentos de refugiados, 2017. Fuente: Fran García (Flickr) |
Desde entonces un muro divide el Sáhara Occidental en dos: los campamentos de refugiados saharauis afincados en suelo argelino y el territorio ocupado por Marruecos, donde la población saharaui sufre vejaciones y represión. Este muro tiene una parte abierta, la brecha ilegal del Guerguerat, que usa Marruecos para transportar mercancías expoliadas del Sáhara. En esta misma brecha comenzó la guerra entre el Frente Polisario, que lucha por la Liberalización del Sáhara, y las fuerzas militares marroquíes el pasado noviembre porque Marruecos violó el alto al fuego desbaratando una protesta civil.
El problema de todo esto, además de las violaciones de derechos humanos y de la impasividad de la ONU con la falsa mediación de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental), es el papel de España y los intereses económicos que hacen que se muestre imparcial frente a un conflicto que -remontando en la historia- es su responsabilidad. Mientras tanto, el gobierno sigue hablando de una solución que contente a ambas partes en vez de asumir su responsabilidad jurídica como potencia -hoy en día- administradora del territorio y descolonizarlo.
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